Judíos, musulmanes y evangélicos rechazan el cobro del IBI a las confesiones religiosas

Tal y como se anunció hace unas semanas, el PSOE está luchando en todos los ayuntamientos de España para reclamar el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia Católica y al resto de confesiones religiosas, en relación a todos los edificios no dedicados al culto.

Según la legislación vigente aplicada a las instituciones sin ánimo de lucro, los católicos, junto a las federaciones israelitas y evangélicas y el Comité Islámico de España, gozarán de exenciones fiscales, entre ellas no pagar el IBI. La Iglesia de Roma, en cuanto propietaria de un mayor número de bienes que el resto de confesiones, se ha convertido durante estas últimas semanas en el centro de la diana de los socialistas, un partido que fundamenta su afán recaudatorio en el «esfuerzo colectivo» que, según él, deben realizar todos los ciudadanos y organismos frente a la crisis.

En el caso de que pagara por sus edificios, la Iglesia no aportaría más de cinco millones de euros en Madrid. Además, la cantidad aportada por esta institución no superaría el 21% de la recolecta territorial en ninguna de las grandes ciudades españolas. Si esta cuantía ya es mínima (aunque tampoco inapreciable), ¿qué valor tendrían las aportaciones del resto de confesiones amparadas por la ley si tuvieran que pagar el IBI? ABC ha hablado con el resto de religiones incluidas en las reivindicaciones socialistas.

Judíos

El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub, opina que, «con la que está cayendo», reclamar ahora el pago del IBI es una manera más de «desviar la atención». Querub asegura no estar en contra del debate sobre esta cuestión, pero al mismo tiempo se cuestiona por qué a algunos se les exige este impuesto y a otros no. «No entendemos por qué se señala con el dedo a la Iglesia Católica. Llama la atención que se señale solo a una institución», observa. «Por esta regla de tres», añade, debería pedirse el IBI «a fundaciones, partidos políticos o sindicatos».

Los alrededor de 40.000 judíos de nuestro país disponen en España de cuatro sinagogas, situadas en Madrid, Barcelona, Ceuta y Melilla. Además, son propietarios de dos colegios (uno en la capital y otro en Barcelona) y de dos edificios comunitarios. El resto de instalaciones, como diversos pisos habilitados para orar o como la propia sede de la federación, son locales alquilados, y por lo tanto no están sujetos al IBI. Si los judíos en España fueran obligados a abonar este impuesto, el Estado apenas recaudaría unos pocos miles de euros.

Musulmanes

«Es la única ventaja que tenemos. Los sindicatos y otros reciben subvenciones. Nosotros no recibimos nada». El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España e imán de la Mezquita Central de Madrid, Riay Tatary, defiende las exenciones fiscales aplicadas a las religiones en España. Muy inferiores, según él, a las otorgadas en otros países.

Los musulmanes disponen de unas 700 mezquitas en toda España. No todas disfrutan de cúpula y minarete. La mayoría de ellas son locales preparados (y alquilados) para la oración de sus fieles. No tienen colegios ni otro tipo de edificios. Sus oficinas o demás locales están incluidos, como en el caso de los judíos, en los propios lugares destinados al culto. «La Iglesia Católica tiene un concordato firmado con el Estado. Otras confesiones tenemos acuerdos de cooperación… No sé si ahora vale romper con todo. Pero creo que estamos amparados por la ley», asegura Tatary.

En relación a la pregunta de por qué la Iglesia Católica es el principal objeto de reclamaciones por parte de los partidos, el líder religioso no presenta dudas: «Ellos (los políticos) saben perfectamente que las demás confesiones no tenemos nada. No merece la pena gastar tinta en nosotros».

Evangélicos

El secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Mariano Blázquez, cree que la reclamación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las confesiones de nuestro país no supondrá ningún cambio para su entidad. «Todo esto es demagogia. Lo del IBI es una cuestión marginal», declara. Blázquez opina que la Iglesia católica goza de «privilegios anticonstitucionales» (como que la asistencia religiosa en el Ejército sea exclusivamente de esta religión), pero en ningún caso cree que la exención del IBI sea ejemplo de ello, pues la Iglesia, según él, «se incluye dentro de la regulación común de la ley de mecenazgo», que es aplicable a todas las entidades sin ánimo de lucro. «Si piden el IBI», asevera, «tendrían que cambiar la ley de fundaciones».

Las congregaciones evangélicas fueron legalizadas en España en 1986. Hoy día son unas 3.000, lo que se traduce en 3.000 iglesias o inmuebles dedicados al culto a lo largo y ancho de nuestro país. Todas las congregaciones federadas (alrededor de unas 2.500) están exentas del IBI. El resto debe pagar, pues no están incluidas en el Acuerdo de Cooperación firmado entre la FEREDE y el Estado español en 1992.

El secretario sostiene que ellos no tienen «grandes propiedades». Los evangélicos, además de las iglesias antes mencionadas, poseen varios colegios, cementerios y varias oficinas correspondientes a la federación, que en ningún caso deben abonar el IBI. «No estamos en contra de pagar este impuesto, pero no queremos privilegios de otros; queremos una norma igual para todos. Tampoco queremos que se persiga a la Iglesia Católica. Los que estamos perseguidos somos nosotros. Hay que abrir los ojos al pluralismo religioso», concluye.

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